Alemania ha pedido reforzar el papel de los Estados miembros en la futura normativa europea de certificación en ciberseguridad, dentro de la revisión de la Cybersecurity Act (CSA2). La propuesta, hecha pública a través de un documento que ha circulado entre capitales, plantea cambios que pueden alterar tanto la gobernanza como el coste de implementación para las operadoras.
Según ese borrador, al que ha tenido acceso la agencia MLex, Berlín defiende que los gobiernos nacionales estén más presentes en la definición y actualización de los objetivos de seguridad, a medida que surgen nuevas tecnologías y riesgos digitales.
El núcleo técnico del desacuerdo es el mecanismo legal que usaría la Comisión Europea para ajustar esos objetivos: Alemania apuesta por los actos de ejecución, que exigen un proceso formal de participación de los Estados miembros, frente a los actos delegados, que conceden más margen de maniobra a la Comisión.
Ese matiz jurídico tiene consecuencias prácticas. Un cambio de criterio sobre cómo se adoptan las reglas podría limitar la capacidad de la Comisión para actualizar requisitos con rapidez y, en la opinión de varios países, preservaría la influencia nacional en materias que tocan la seguridad nacional.
- Propuesta alemana: mayor implicación nacional en la fijación de objetivos y uso de actos de ejecución.
- Alineamiento normativo: integrar la CSA2 con el Nuevo Marco Legislativo para evitar procedimientos paralelos de certificación y vigilancia del mercado.
- Profesionales certificados: incorporar en el marco la certificación de especialistas en ciberseguridad.
- Impacto económico: retirada progresiva en tres años de equipos de proveedores calificados de alto riesgo, con costes significativos para operadores.
El debate no es exclusivo de Berlín. Varias capitales han pedido una reforma que reconozca el papel de los Estados en la gobernanza; en consultas previas figura un bloque amplio, con países como España, Eslovaquia y Bélgica entre los que reclaman mayor control nacional.
En términos económicos, el argumento alemán coincide con alertas de la industria. Un informe de GSMA Intelligence calcula que reemplazar equipos de proveedores considerados de alto riesgo podría implicar para las telecos europeas un desembolso directo situado en torno a 30.000–40.000 millones de euros, además de efectos secundarios sobre competencia, precios e inversión en infraestructuras.
En la práctica, la negociación avanza en el Consejo de la Unión Europea tras la consulta pública sobre la CSA2. Los Estados miembros, en general, han mostrado apoyo a la idea de un marco de certificación más sencillo, pero piden que se mantenga una participación nacional sólida durante todo el proceso regulador.
Para los ciudadanos y empresas, la discusión tiene dos vertientes claras: seguridad y coste. Una arquitectura común facilita el comercio y la interoperabilidad, pero muchos gobiernos temen perder capacidad para reaccionar ante amenazas concretas en su territorio. Al mismo tiempo, la sustitución de equipamiento puede trasladarse a precios y ritmo de despliegue de servicios digitales.
Quedan por decidir cuestiones cruciales: quién tendrá la última palabra a la hora de ajustar requisitos de seguridad y cómo se financiarán las transiciones tecnológicas que se exijan a operadores. La posición alemana coloca esa tensión —entre armonización europea y autonomía nacional— en el centro de las próximas rondas de negociación.
En los próximos meses, la forma definitiva de la CSA2 marcará no solo la arquitectura regulatoria de la UE en ciberseguridad, sino también el coste real de proteger las redes frente a proveedores y amenazas considerados de alto riesgo.
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