Este miércoles, Pedro Sánchez respondió a las indagaciones del ‘caso Koldo’ que han afectado a diversos funcionarios del PSOE con la presentación del nuevo Plan Estatal de Lucha contra la Corrupción en el Congreso. Este plan se estructura alrededor de cinco ejes principales que comprenden un total de 15 acciones específicas.
Una de las innovaciones más destacadas es la integración de la inteligencia artificial (IA) y el Big Data en la Plataforma de Contratación del Sector Público, el sitio web del Gobierno que centraliza todas las licitaciones y contratos del sector público. Según Sánchez, el uso de estas tecnologías facilitaría la prevención de la corrupción al identificar modelos de comportamiento irregulares que podrían sugerir la existencia de fraude, permitiendo una revisión detallada «caso por caso».
El plan, sin embargo, reconoce que para implementar estos cambios sería necesario primero modificar la normativa vigente, incluyendo reformas a tres leyes: la Ley de Contratos del Sector Público, la Ley de Transparencia y la Ley de Procedimiento Administrativo Común. Aunque la información sobre el proyecto todavía es escasa, los expertos consultados por este medio, aunque ven con buenos ojos la propuesta de mejorar la plataforma mediante tecnología, advierten sobre ciertas deficiencias.
«En esencia, el plan presentado por Sánchez es una mezcla de promesas previas y de iniciativas que se han pospuesto», señala David Cabo, cofundador y codirector de Civio. «El aspecto de la IA parece que solo se incluyó porque está de moda, como si fuera una solución mágica. Pero al detalle, hay múltiples problemas que sugieren que no se le dedicó más de 15 minutos de reflexión», añade.
Según Cabo, un problema fundamental es que la información en las plataformas de contratación pública es incompleta: «Ha mejorado con los años, pero aún es muy irregular debido a numerosas omisiones. Por ejemplo, analizar contratos menores puede ser extremadamente difícil. En nuestras investigaciones hemos encontrado numerosas anomalías. Por ello, siempre debemos dedicar mucho tiempo a depurar los datos. Existe un problema de calidad porque falta control», explica.
Como indica Javier Miranzo, profesor de la Universidad de Castilla-La Mancha y especialista en Contratación Pública, hoy en día es complicado analizar la información en las plataformas públicas para detectar corrupción. «Es difícil trazar o identificar patrones», afirma. El primer paso sería entonces mejorar esto, porque un algoritmo automatizado no sería efectivo si la base de datos con la que opera no es de calidad.
Para mejorar la situación, Cabo sugiere potenciar la Oficina Independiente de Regulación y Supervisión de la Contratación (Oirescon), la entidad encargada de supervisar la contratación pública. «No tiene los recursos suficientes ni es independiente, pues depende del Ministerio de Hacienda. Sería necesario aumentar su capacidad y nombrar a un presidente designado por el Congreso», menciona el experto. Sánchez también anunció la creación de una Agencia Independiente de Integridad Pública.
Qué puede (y qué no puede) hacer la IA
Para Miranzo, la aplicación de la IA en las plataformas de contratación pública podría tener un impacto doble. Por un lado, proporcionaría más recursos a los órganos de control y supervisión, como las autoridades fiscales y los órganos antifraude. En este sentido, menciona herramientas similares ya en uso, como ARACHNE, promovida por la Unión Europea. Por otro lado, la iniciativa haría el sistema más accesible para los ciudadanos.
Antonio M. López Hernández, catedrático de la Universidad de Granada y consejero de la Cámara de Cuentas de Andalucía, cree que esta tecnología puede jugar un rol «clave» en la detección temprana de irregularidades. Esto incluiría analizar gran cantidad de contratos y expedientes administrativos, identificar patrones históricos asociados a prácticas opacas, cruzar información de diversas fuentes para descubrir conexiones sospechosas y mejorar su eficacia a través del aprendizaje automático.
Así, López considera que podría ayudar a examinar múltiples aspectos, como el número de contratos otorgados a un proveedor, la proporción de adjudicaciones sin competencia, variaciones inusuales en los precios, cambios contractuales frecuentes o relaciones entre adjudicatarios y funcionarios.
Sin embargo, los expertos también destacan limitaciones. A menudo la corrupción no se documenta en archivos oficiales porque ocurre en conversaciones informales entre personas que no figuran en los contratos. «El fraude puede ser muy difuso. Cometeríamos un error si pensamos que todo lo que el sistema no detecte no es corrupción», advierte Miranzo.
López también subraya la falta de interoperabilidad, ya que actualmente las plataformas de contratación a menudo no están integradas entre sí ni con otros registros (mercantil, sanciones, etc). El plan del Gobierno incluye cambiar este aspecto para interconectar todas las bases de datos, lo cual será «uno de los ejes clave».
Requisitos legales para implementar una herramienta de esta naturaleza
Según Ricard Martínez, director de la Cátedra de Privacidad y Transformación Digital de la Universidad de Valencia, los requisitos legales necesarios para la implementación de esta herramienta podrían ser muy variados. «Si el análisis se limita exclusivamente a indexar entidades jurídicas y contratos, podríamos evitar el Reglamento General de Protección de Datos y la Ley Orgánica de Protección de Datos. Sin embargo, si incluye aspectos como individuos particulares, beneficiarios de subvenciones, contratistas individuales con nombres y apellidos, o incluso miembros de comisiones de contratación, entonces sí tendría que cumplir con estas normativas», explica.
El segundo requisito sería evaluar si el sistema representa un riesgo bajo, medio o alto, según lo establecido por el reglamento de IA de la Unión Europea. Este es un proceso crucial porque, como señala Martínez, si se considera que la aplicación es de alto riesgo, las exigencias son máximas para garantizar su correcto funcionamiento.
«Primero se requeriría realizar un análisis de impacto en términos de su efecto en los derechos fundamentales, pero también del impacto sistémico sobre la democracia, y desarrollar un completo sistema de gestión de riesgos», comenta Martínez. «Además, esto implicaría que la herramienta debiera estar supervisada por humanos, algo que, en mi opinión, es muy importante. Ya hemos visto un sistema de análisis de fraude en los Países Bajos que sistemáticamente identificaba como sospechosas a personas de origen extranjero que recibían ayuda social», evalúa.
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