Corea del Sur vive sus últimos meses en los que la venta de la tradicional bosintang sigue siendo legal, antes de que la prohibición total aprobada en 2024 entre en vigor en febrero de 2027. El cierre del periodo transitorio reconfigura el paisaje gastronómico y deja en la incertidumbre a dueños de restaurantes, trabajadores de granjas y activistas por los derechos animales.
En el céntrico pasaje del mercado Sinjin, el negocio que durante décadas ofreció esta sopa de carne canina se ha reducido a apenas un par de locales. Para muchos propietarios, la norma supone no solo la pérdida de un plato, sino el fin de un oficio heredado.
Un oficio en retirada
Restauradores de edad avanzada relatan la dificultad de reinventarse tras más de 40 años dedicados a la misma cocina. Algunos intentan introducir guisos de cabra negra, cuyo método de preparación es similar, pero reconocen que la clientela no responde con la misma intensidad.
La transformación del sector ya es visible en cifras oficiales: tras el censo de 2024 había 2.352 locales especializados, pero la Administración de Alimentos y Medicamentos registró que 1.902 planean cambiar su carta y otros 450 cerrarán definitivamente.
- Entrada en vigor: prohibición plena de cría y sacrificio para consumo en febrero de 2027.
- Multas y penas: hasta tres años de prisión o sanciones de 30 millones de wones (unos 21.700 dólares).
- Restaurantes censados: 2.352 en 2024; 1.902 reorientarán su oferta y 450 cerrarán.
- Granjas activas: 272 explotaciones registradas en mayo, un descenso pronunciado respecto a años previos.
Denuncias por maltrato y críticas a la gestión
Organizaciones de protección animal han documentado condiciones extremas en muchas granjas: animales apiñados en jaulas pequeñas, expuestos a temperaturas severas, con heridas sin tratar. Los activistas aseguran que, pese al cierre de instalaciones, los problemas sanitarios persisten en las explotaciones que aún operan.
Datos citados por medios locales indican que, de los casi 394.000 perros registrados en granjas que fueron clausuradas, cerca del 97% fueron marcados como “expedidos”, una categoría que habría implicado su traslado a mataderos. Ese balance ha alimentado críticas hacia el Ejecutivo por no presentar un plan coordinado de rescate y adopción.
Consecuencias sociales y culturales
En el terreno social, la práctica genera rechazo creciente. En el propio mercado capitalino, la discreción se nota: clientes y propietarios prefieren evitar ser fotografiados y algunos comensales piden anonimato.
Para los defensores de la ley, la medida responde a una evolución de los hábitos y a demandas de bienestar animal; para quienes trabajaban en la cadena productiva, representa una abrupta pérdida de ingresos sin garantías claras sobre alternativas laborales.
El calendario legal obliga ahora a las partes a gestionar la transición: propietarios que adaptan su oferta, granjas que cierran o se transforman, y ONG que piden protocolos de protección para los animales. La forma en que se resuelva este proceso determinará si el cambio deja atrás una tradición, remedia abusos históricos o simplemente desplaza problemas hacia otras formas de explotación.
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