La Dirección General de Tráfico (DGT) ha iniciado pruebas con un nuevo equipo de control de velocidad que promete mayor movilidad y alcance, y ya se está utilizando en algunos municipios. La novedad altera la forma de vigilancia en carretera: los agentes pueden medir y tramitar infracciones a distancia y sin necesidad de instalar un aparato fijo.
El modelo en cuestión, comercialmente conocido como TruCam II, se presenta como un dispositivo portátil que puede emplearse desde un trípode o en mano por un agente. Durante las pruebas en La Unión (Murcia), la Policía Local difundió imágenes que muestran su uso y la posibilidad de sancionar a vehículos que superan los límites desde una distancia considerable.
Qué características hacen distinto a este equipo
La DGT ha adquirido varias unidades —hasta 15 según fuentes oficiales— que se sitúan entre los modelos que la administración está distribuyendo para renovar y complementar la flota de controles. Entre sus rasgos técnicos y operativos más relevantes destacan:
- Alcance notable: el sistema láser puede medir velocidades a más de 1 km (se informa de hasta 1,2 km en pruebas).
- Operatividad portátil: pesa alrededor de 1,6 kg, por lo que el agente puede utilizarlo sin trípode.
- Modo de funcionamiento: posibilidad de uso estacionado o en mano, con lectura inmediata de la velocidad.
- Coste por unidad: se sitúa en un rango aproximado de 70.000 a 80.000 euros.
- Experiencia internacional: equipos similares ya se emplean en Estados Unidos y varios países europeos.
¿Cómo se sanciona y qué consecuencias tiene?
El nuevo equipo no modifica las normas: las sanciones dependen de cuánto se exceda el límite en la vía. En líneas generales, superar la velocidad permitida puede acarrear multas económicas y, en determinados márgenes, la pérdida de puntos en el carné.
Por ejemplo, exceder entre 20 y 30 km/h puede suponer sanciones que alcanzan los 300 euros en función del tramo y la legislación aplicable. Además, los procedimientos administrativos para tramitar la multa se realizan de forma inmediata cuando el propio dispositivo genera la medición acompañada de la documentación requerida.
Estos controles están bajo la competencia de los cuerpos policiales locales o autonómicos, que pueden cambiar de ubicación con rapidez: la naturaleza portátil del equipo facilita su desplazamiento y uso en distintos puntos sin necesidad de aparatos fijos.
Qué implica para conductores y seguridad vial
La introducción de dispositivos de mayor alcance tiene varios efectos prácticos. En primer lugar, aumenta la capacidad de detección en tramos largos o en situaciones en las que no es posible instalar un radar fijo. En segundo lugar, refuerza la vigilancia en carriles con restricciones —como los de alta ocupación— donde ya se vienen aplicando controles para evitar usos indebidos.
Al mismo tiempo, como con cualquier instrumento de control, su validez exige protocolos de calibración y certificación. Los procedimientos administrativos y técnicos determinan si una medición puede derivar en sanción, por lo que la homologación y el mantenimiento del equipo son aspectos clave para garantizar la legalidad de las multas.
En síntesis, la novedad es relevante hoy porque altera la relación entre desplazamiento y fiscalización: aumenta la probabilidad de detección de infracciones en más tramos y con mayor flexibilidad para los agentes, lo que puede traducirse en más sanciones pero también en una herramienta adicional para la prevención de accidentes.
Mientras la DGT no concrete un calendario de activación nacional, es probable que estos equipos ya estén operativos en algunos municipios y que su uso se generalice progresivamente conforme avance la implantación. La recomendación práctica para conductores sigue siendo simple y aplicable: respetar los límites de velocidad y las señales específicas de cada vía, especialmente en tramos con control intensivo.
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