Desde la entrada en vigor de la Ley 7/2023 sobre derechos y bienestar animal han surgido dudas entre los propietarios: la norma plantea la obligatoriedad de un seguro por daños, pero su aplicación práctica sigue debatida. Esta guía explica qué regla funciona ya, dónde pueden caer multas y qué pasos concretos deben dar los dueños hoy para no llevarse sorpresas.
Una obligación anunciada que depende de un reglamento
La ley recoge, en términos generales, la exigencia de mantener un seguro de Responsabilidad Civil que cubra los daños que un perro cause a terceros. No obstante, la puesta en marcha de ese requisito a escala nacional está supeditada a un desarrollo reglamentario —un Real Decreto— que fije las coberturas mínimas y las condiciones de las pólizas.
Mientras ese reglamento no se publique de forma definitiva, la Dirección General de Derechos de los Animales ha aclarado que la ausencia de seguro para un perro “convencional” no puede, con carácter general, dar lugar a sanciones administrativas estatales.
Casos en los que sí hay riesgo de multa
No obstante, existen situaciones concretas en las que la obligación es vigente y la falta de póliza puede acarrear sanciones económicas inmediatas.
| Ámbito | ¿Se puede multar? | Observaciones |
|---|---|---|
| Perros de razas potencialmente peligrosas (PPP) | Sí | La normativa específica para estos animales exige un seguro específico y su incumplimiento sigue siendo sancionable. |
| Comunidades autónomas y municipios | Sí, donde exista normativa propia | Algunas regiones y ayuntamientos ya obligaban a contar con seguro; esas ordenanzas siguen aplicándose. |
| Ámbito estatal | No, por ahora | Hasta la publicación del Real Decreto que concrete coberturas y límites no hay régimen sancionador general a nivel nacional. |
Qué cubre el seguro y qué no
El propósito del seguro de responsabilidad es responder económicamente por daños a terceros: lesiones, mordeduras, daños materiales o situaciones que provoquen un accidente. No es lo mismo que un seguro sanitario para el propio animal, que no es exigido por la ley.
Otro punto práctico: la cobertura no alcanza automáticamente a cualquier persona que saque al perro. Algunas pólizas contemplan a familiares o cuidadores ocasionales, pero eso depende del contrato. Conviene comprobar el condicionado para saber si los cuidadores temporales están explícitamente incluidos.
¿Basta con el seguro de hogar?
En muchos casos, los propietarios ya cuentan con protección mediante la póliza del hogar. Los seguros multirriesgo suelen incorporar una cláusula de responsabilidad civil que puede cubrir a las mascotas domiciliadas.
- Confirmar que la cobertura existe y cuál es el límite económico.
- Registrar el animal en la póliza: nombre y número de microchip para que conste de forma explícita.
- Solicitar un justificante por escrito que acredite la inclusión de la mascota.
Qué hacer hoy para reducir riesgos
Aunque el marco nacional está incompleto, estas medidas prácticas ayudan a evitar problemas y a protegerse frente a reclamaciones:
- Revisar la normativa autonómica y municipal: algunas ordenanzas locales mantienen la obligación y las sanciones.
- Contactar con la aseguradora y pedir clausulas claras sobre cuidadores, indemnizaciones máximas y exclusiones.
- Declarar el perro en la póliza de hogar o contratar una póliza específica de Responsabilidad Civil si es necesario (especialmente para PPP).
- Conservar la documentación: póliza, recibos y certificados del microchip a mano en caso de inspección o siniestro.
En síntesis, la exigencia de asegurar a todos los perros figura en la ley, pero su aplicación obligatoria a nivel estatal permanece a la espera del reglamento que fije las condiciones. Hasta entonces, la mejor defensa para un propietario es comprobar las normas locales, verificar las coberturas de su seguro de hogar y dejar por escrito la protección del animal en la póliza.
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